Las recientes declaraciones del gobierno nacional anuncian la implementación en el país de un “Estado productor” creando 13 nuevas empresas estatales lo que significaría una modificación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2008. Aquí se realiza una descripción de la política planteada por el gobierno nacional en base a publicaciones de prensa escrita y es analizada a la luz de sus posibles efectos económicos, trayendo al debate algunos temas discutidos en publicaciones anteriores de POPULI actualizadas al contexto actual y con nuevos y recientes aportes.
A principios del mes de junio de este año, el gobierno nacional describió el nuevo “estado productor” bajo el cual se proyecta el plan económico que define la participación activa de empresas del Estado en la producción de alimentos, la industrialización en los recursos naturales y el suministro al mercado interno y externo[1]. De acuerdo con estimaciones del propio gobierno, el Estado participa actualmente con el 21% en la generación del Producto Interno Bruto (PIB), la meta es expandir esta cifra a finales de este año en más del 35%. Para lograrlo se ha planteado la creación de13 nuevas empresas estatales[2]. De acuerdo con declaraciones del gobierno nacional, los recursos necesarios para su establecimiento ascenderían a Bs. 27 mil millones.
El financiamiento de esta política requeriría de una modificación del PGN de este año. Recordemos que el gobierno estableció un presupuesto de Bs. 80 mil millones. Si sumamos los recursos que el Estado (que somos TODOS) “necesita” para la creación de las nuevas empresas estatales, el PGN 2008 ascendería a Bs. 107 mil millones (un amento de 34%). El gobierno afirma que estos recursos provendrían de los ingresos por la venta de gas natural en el mercado interno y sobretodo externo (Argentina y Brasil). Dado que son “nuestros” recursos los que serán invertidos en estas empresas, el tema es un asunto no menor en el debate económico actual. A continuación planteamos dos que consideramos de especial relevancia:
La visión del Estado como “productor” ahuyenta la inversión privada en lugar de reforzarla, estableciendo un sistema económico controlado y sin libertad.
La propuesta evidencia una respuesta al favorable contexto externo en precios del gas natural y no a una visión de largo plazo intensificando la tendencia pro cíclica de la política fiscal.
Las empresas de los Estados productores en el corto plazo se convierten en competencia desleal en las industrias existentes ya que generalmente establecen precios de sus productos por debajo del costo medio variable, que lógicamente no reflejan la verdadera información detrás de los costos de producción. Recordemos que estos precios son subsidiados por el Estado, es decir, por TODOS los bolivianos. Si estas empresas “estatales” compiten a precios de mercado, su intervención no tiene sentido económico y menos aún político. Esto ahuyenta la inversión privada en la industria y paulatinamente el Estado pasa de “productor” a controlador de los medios de producción condenando a la sociedad a vivir sin libertad de elegir y abandonando el principio de subsidiaridad del estado en el ámbito productivo.
La última medición del índice de libertad económica (ILE 2008) [3] elaborado por la Heritage Foundation y que fue calculado para un total de 157 países, ubica a Bolivia en la posición 123. Este índice toma los valores de 1 a 100; valores cercanos a 1, muestran indicios de que ese país tiene una economía reprimida y planificada; valores cercanos a 100, reflejarían una economía más libre. Bolivia es catalogada como una “economía mayormente controlada” con una puntuación de 53,2 puntos, a tan solo 3,2 puntos de obtener la clasificación de “economía reprimida” (a partir de 50 puntos se considera a la economía como reprimida). La evidencia empírica es por demás abrumadora acerca de la relación positiva entre economías más prósperas y aquellas que gozan de mayor libertad económica (gráfico 1)[4]. Estas economías más prósperas han priorizado la participación del sector privado en el desarrollo económico ocupándose el Estado de brindar bienes públicos de calidad (salud, educación e infraestructura, en especial), tarea muy importante y que es determinante en la generación de mayor riqueza.
Al abandonar el Estado el principio de subsidiariedad en el ámbito productivo, éste absorbe recursos humanos y financieros que no estarían disponibles para los sectores en que el Estado si es insustituible, que es en el ámbito social. Abandonando este principio también se genera una lucha de pugnas de poder generando mayor inestabilidad política y se tiene el peligro de utilizar los recursos de manera ineficiente ya que por ser empresas enteramente estatales los “productores” son los propios fiscalizadores no existiendo un mecanismo claro de incentivos y penalidades, situación inherente en toda empresas privada. En este caso de la creación de las empresas “estatales” sería importante transparentar la información acerca de los estudios de factibilidad de estos proyectos y el análisis de al menos la rentabilidad esperada de cada una de las empresas. Esto ayudaría a llevar adelante un mejor control y mayor eficiencia en el uso de los recursos del Estado[5].
Gráfico 1. Libertad económica vs. PIB per cápita (2008)
Fuente: Heritage Foundation.
El financiamiento de estas empresas “estatales” proviene, según las declaraciones de los planificadores estatales, de los extraordinarios ingresos de la venta de gas natural en el exterior, explicado por el elevado precio actual del petróleo que tiene incidencia directa sobre el precio del gas natural que Bolivia vende a Argentina y Brasil. Sin embargo es importante tomar en cuenta que, como se muestra en el gráfico 2, la evolución del precio del barril del petróleo tiende a ser volátil en el tiempo y los periodos de precios altos tampoco tienden a ser muy prolongados. Se podría inferir que la sostenibilidad del financiamiento inicial podría estar garantizada con los precios actuales, pero dado que los ingresos del estado se caracterizan por tener un componente cíclico muy importante, la sostenibilidad en el tiempo de estas “empresas” estatales podría estar en duda.
La ejecución de estos recursos adicionales hace aún más difícil que la política fiscal cumpla un rol anti cíclico. La evidencia empírica muestra que la política fiscal es pro cíclica, es decir amplifica los efectos negativos del ciclo en el empleo (Jemio, 2007). Lo ideal es que al menos la política fiscal sea neutral y no contribuya a la inestabilidad macroeconómica[6]. Esto requiere tomar el manejo fiscal con seriedad, algo que ahora está ausente.
Gráfico 2. Evolución histórica de los precios del petróleo
Fuente: http://www.wtrg.com/.
[1] Ver: http://abnoticias.info/2008/06/10/bolivia-cambia-su-modelo-economico-del-privado-hacia-estatal/.
[2] Para un detalle de las empresas estatales a ser creadas ver Populi 2008 “Análisis del PGN 2008 ¿y la calidad del gasto?” y http://www.eldeber.com.bo/2008/2008-07-24/vernotanacional.php?id=080724002233/.
[3] El ILE es elaborado en base a un conjunto de indicadores que toman en cuenta: la protección a los derechos de propiedad, las tasas tributarias, la intervención del gobierno en la economía, la política fiscal, monetaria y comercial y la libertad para hacer negocios. Ver www.heritage.org/index.
[4] Véase: Populi 2006 “Índice de libertad económica 2006: análisis para Bolivia”, Populi 2007 “Índice de libertad económica 2007 Bolivia: pobres y reprimidos” y Populi 2008 “La libertad conduce a la prosperidad ¿hacia donde va Bolivia? Índice de libertad económica 2008”.
[5] Ver Populi 2008 “Análisis del PGN 2008 ¿y la calidad del gasto?”.
[6] Ver Populi 2008 “¿Quiere detener la inflación? Pruebe con las reglas fiscales”.
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